El Servicio de Dirección en Plataforma (SDP) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encarga de los movimientos de las aeronaves en una amplia zona de responsabilidad en un aeropuerto con uno de los layouts más complejos del mundo. En 2011, comenzó a operar con un personal contratado por la empresa pública INECO.
INECO, como compañía adjudicataria, decidió aplicar a los 20 operadores iniciales el convenio de ingeniería y oficinas técnicas, a todas luces inapropiado para un servicio operativo las 24 horas, los 365 días del año.
Rápidamente, el SDP amplió su área de responsabilidad de la terminal T4 a las terminales T1, T2 y T3 sin que esto se viera acompañado de mejoras salariales. Ante la falta de un convenio propio, INECO elaboró unilateralmente un documento organizativo interno (DOP) que regulaba los turnos, las vacaciones y las funciones de sus empleados.
Con los años, este documento sufrió sucesivas modificaciones impuestas por la empresa y, a pesar de la desaprobación por parte de la plantilla y de varios intentos de negociación de las condiciones e intentar crear un convenio laboral específico, las peticiones fueron continuamente desoídas.
Y la situación siguió deteriorándose: reducción de personal, incumplimiento de descansos obligatorios, ruptura de la equiparación salarial inicial, etc., hasta que en 2015, este malestar derivó en una convocatoria de una huelga y la interposición de una demanda judicial conjunta.
Tras desconvocar la huelga a cambio de vagas promesas, las negociaciones con INECO no avanzaron. En 2016, con nueva convocatoria de huelga de por medio, se alcanzó un acuerdo agridulce que recortaba derechos como vacaciones y turnos de trabajo.
Ese mismo año, se adjudicó el SDP a la empresa SAERCO por un importe muy inferior al inicial. La falta de un convenio laboral propio había abocado al personal del SDP a una gran indefensión ante los recortes y la arbitrariedad de las empresas adjudicatarias. Tras muchas semanas de miedo e incertidumbre, contrataron a todo el personal y reconocieron la antigüedad, pero no repusieron las bajas voluntarias que se produjeron durante el revuelo, por lo que la plantilla se redujo.
Durante ese período, se intentó sacar adelante un convenio colectivo a través de los delegados de personal que salieron de las elecciones de 2021 y, a pesar de no conseguir el objetivo, un acuerdo de empresa estaba ya listo para la firma. Pero SAERCO decidió no firmarlo por miedo a que se les acusase de mala fe frente al proveedor entrante al estar las fechas muy próximas a la licitación de 2022. Y así es como terminamos enfrentándonos a la nueva adjudicación: sin ninguna norma laboral que nos protegiese.
SKYWAY, antigua Ferronats, salió "ganadora" de ese proceso con una bajada temeraria del 30% del coste original de licitación que AENA estaba dispuesta a pagar. Evidentemente, las alarmas saltaron entre los trabajadores y la empresa, rauda, intentó aplacar los ánimos con una reunión en la que el jefe de operaciones Marcos Fliquete nos aseguró que "no iban a despedir a nadie, solo había que asistir a unas entrevistas para conocernos mejor y recibir así unas ofertas que nos iban a gustar a todos". Resultado: dos meses después habían despedido a dos personas y las ofertas contenían bajadas de salario de hasta 7.000€ anuales en algunos casos.
Resultado: dos meses después habían despedido a dos personas y las ofertas contenían bajadas de salario de hasta 7.000€ anuales en algunos casos.
La plantilla se mantuvo firme en su negativa a firmar unos precontratos necesarios para la transición hasta que no se resolvieran estos puntos. Así, en noviembre, solo a dos meses de la toma efectiva, accedieron en una reunión entre los delegados de personal y la directora de SKYWAY Raquel Arnaiz a mantener los salarios y contratar a todos.
Pero con esto no se solucionaron todos los problemas, por lo que el 95% de la plantilla denunció a SKYWAY por no respetar la subrogación y por modificación de condiciones como turnos, compensación de IT, salarios... estando, actualmente, los juicios pendientes para 2024.
La negociación del convenio sectorial que comenzó en octubre de 2023 se paralizó por la insistencia de la empresa de imponer sus condiciones, con las que convivimos actualmente, como punto de partida: no reconocer la antigüedad y omitir 11 años de derechos adquiridos negando la más que evidente subrogación que ocurrió en enero. Defienden que es inasumible para ellos y que AENA no acepta la subida de costes, pero recordemos que bajaron un 30% el precio de licitación.
Cabe mencionar que AENA no tiene autoridad en la negociación colectiva y que nuestras propuestas entran dentro del presupuesto de la licitación, eso sí, sin espacio para bajadas temerarias como la que ha ocurrido.
Nuestras propuestas entran dentro del presupuesto de la licitación, eso sí, sin espacio para bajadas temerarias.
Por delante nos queda una luchar por un trabajo en el que podamos desarrollarnos personal y profesionalmente ya que nadie lo va a hacer por nosotros. Hemos hecho todo lo posible por no llegar aquí, pero no nos han dejado alternativa.