La situación de los trabajadores del Servicio de Dirección de Plataforma (SDP) del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez es un claro reflejo de la precariedad laboral y la indefensión que aún persisten en sectores clave de nuestra economía. En los últimos días, las denuncias contra Skyway, empresa responsable del servicio, han escalado, con violaciones graves a derechos fundamentales, incluida la libertad sindical y el derecho a huelga.
Volverá la empresa a vulnerar el derecho fundamental de libertad de huelga de todos los trabajadores para evitar las presiones legítimas de estos, o cumpliran con la resolución de servicios mínimos y se cancelarán de 1.500 a 2.000 vuelos durante esta convocatoria?
El trasfondo de una lucha prolongada
El origen del conflicto radica en un modelo de contratación diseñado para minimizar costes a expensas de los trabajadores. Desde la creación del SDP en 2011, la falta de un convenio colectivo ha permitido a las empresas que ganan las licitaciones imponer condiciones cada vez más desfavorables. Actualmente, los salarios de los nuevos empleados han caído un 30% en términos reales respecto a los de 2011, mientras que las exigencias y responsabilidades del puesto se han mantenido o incrementado.
Este deterioro no solo afecta los ingresos. Los trabajadores han perdido días de vacaciones, días libres y derechos fundamentales, todo ello en un entorno laboral de alta especialización que requiere certificados médicos, pruebas de idioma y capacitaciones constantes. En este contexto, la huelga se convierte en el último recurso para exigir condiciones justas y sostenibles.
La vulneración del derecho a huelga
Skyway, que debería garantizar el cumplimiento de la resolución ministerial sobre servicios mínimos durante las huelgas, ha actuado de manera unilateral y abusiva. Según la denuncia presentada, en convocatorias anteriores la empresa asignó el 100% de los vuelos a trabajadores de servicios mínimos, anulando de facto el impacto de la huelga y vulnerando el derecho de los empleados a ejercer presión legítima.
El Ministerio de Transportes estipula claramente que los servicios mínimos deben transformar porcentajes de protección en listados concretos de vuelos y que la empresa debe informar a los trabajadores de los servicios específicos protegidos. Sin embargo, Skyway ignoró esta obligación, lo que no solo generó estrés y confusión entre los empleados, sino que también dejó sin efecto las acciones de protesta, dañando la capacidad negociadora del colectivo.
Impacto en la negociación y medidas legales
La actitud de Skyway no solo erosiona los derechos laborales, sino que también afecta el equilibrio democrático en las relaciones entre empresa y trabajadores. Al impedir huelgas efectivas, los trabajadores pierden una herramienta clave para presionar por mejoras laborales, lo que consolida un modelo de precariedad laboral inaceptable.
En respuesta, se han presentado dos demandas contra la empresa, con un coste total de cuatro millones de euros. Estas acciones buscan reparar el daño causado, pero sobre todo establecer un precedente para que se respeten los derechos laborales fundamentales y que no le salga más barato a la empresa vulnerar un derecho constitucional que negociar un convenio colectivo justo.
Una llamada la acción
El caso del SDP en Barajas pone de manifiesto la necesidad urgente de regulación en sectores esenciales para garantizar condiciones laborales dignas y el respeto a los derechos fundamentales. La huelga, convocada del 10 al 14 de diciembre, no solo busca reivindicaciones económicas, sino también una denuncia contra un sistema que perpetúa la precariedad y la indefensión.
Volverá la empresa a vulnerar el derecho fundamental de libertad de huelga de todos los trabajadores para evitar las presiones legítimas de estos, o cumpliran con la resolución de servicios mínimos y se cancelarán de 1.500 a 2.000 vuelos durante esta convocatoria?
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