Las huelgas del Servicio de Dirección de Plataforma (SDP), convocadas con el propósito de mejorar las condiciones laborales y desbloquear la negociación del primer convenio colectivo, se han convertido en un símbolo de frustración en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pese a su relevancia estratégica, estas acciones han sido reducidas a gestos simbólicos, anuladas por una serie de prácticas empresariales ilegales que ya están en los juzgados.
Las huelgas han sido reducidas a gestos simbólicos, anuladas por una serie de prácticas empresariales ilegales que ya están en los juzgados.
El derecho a huelga, reconocido como fundamental en la Constitución Española, es una de las herramientas más poderosas con las que cuentan los trabajadores para reivindicar mejoras laborales equilibrando la balanza de poder. Sin embargo, para el personal del SDP, este derecho ha sido sistemáticamente obstaculizado.
Las empresa Skyway Air Navigation Services S.A. ha implementado una estrategia premeditada para mantener el flujo normal de operaciones durante los días de paro. A través de un incumplimiento flagrante de las resoluciones ministeriales, la empresa se ha asegurado de que el impacto de las huelgas sea nulo.
El secuestro
El derecho a huelga, protegido en el artículo 28 de la Constitución Española, ha sido sistemáticamente vulnerado en esta situación. Skyway, lejos de cumplir con las resoluciones del Ministerio de Transportes que establecían porcentajes concretos de vuelos protegidos, omitió proporcionar el listado de dichos vuelos a pesar de la atribución clara de la responsabilidad.
La resolución busca únicamente:
“Establecer como servicios mínimos para los días 27 y 29 de marzo de 2024 y en los períodos afectados legalmente por la convocatoria de huelga, los siguientes porcentajes de protección a los servicios aéreos de transporte público programados, atendidos por SKYWAY” p11Y responsabiliza a la empresa de informar de dos cosas: los servicios protegidos en forma de vuelos concretos y cuánta plantilla van a dimensionar para darles servicio:
"Esta empresa [Skyway] informará a los convocantes de la huelga de los servicios concretos que la empresa ha considerado protegidos y su dimensionamiento para dar servicio a ellos siguiendo los criterios de esta resolución [...]" p22En su lugar, la empresa asignó todos los vuelos programados como si fueran esenciales, forzando a los trabajadores a operar al 100% de su capacidad, como en un día normal.
Esta omisión deliberada no solo incumplió los criterios de protección establecidos, sino que también generó un ambiente de presión extrema entre los empleados. Las comunicaciones internas de la empresa, grabaciones incluidas en la demanda presentada ante los tribunales, confirman cómo Skyway instruyó a sus supervisores para tratar todos los vuelos como protegidos, negando a los trabajadores la posibilidad de ejercer su derecho a huelga sin temor a represalias disciplinarias.
Un trasfondo de precariedad
Detrás de estas huelgas frustradas hay una realidad laboral precaria. Los operadores del SDP son responsables de tareas esenciales para el tráfico aéreo, pero trabajan sin un convenio colectivo sectorial que regule sus condiciones. La falta de regulación deja a los empleados en una situación de indefensión frente a decisiones empresariales unilaterales y abusivas como los salarios precarios de 1.200€ para las nuevas incorporaciones o la falta de subrogación, sin la que corremos el riesgo de perder el trabajo en cada cambio de proveedor.
Llevamos meses intentando negociar el primer convenio colectivo, una demanda que busca garantizar salarios y condiciones laborales acordes con la alta responsabilidad y especialización de estos puestos. Sin embargo, la negativa de Skyway a atender las demandas sociales, sumada a las vulneraciones de derechos, ha provocado un estancamiento que solo profundiza la brecha entre la empresa y los trabajadores.
¿Qué futuro tienen las huelgas?
El caso de Skyway lanza una preocupante reflexión: ¿Cómo pueden los trabajadores defender sus derechos cuando las empresas utilizan todos los recursos posibles para neutralizar sus acciones?
Por ahora, la única vía parece ser recurrir nuevamente a los tribunales. Ya se han presentado dos demandas judiciales que reclaman 4 millones de euros en concepto de indemnización y como medida disuasoria para evitar que estas ilegalidades se repitan.
Si les sale más barato vulnerar los derechos de todos los trabajadores que afrontar las responsabilidades que el ministerio les otorga y que pueden suponer cancelaciones masivas, segurirán haciéndolo.
Ya se han presentado dos demandas judiciales que reclaman 4 millones de euros en concepto de indemnización y como medida disuasoria para evitar que estas ilegalidades se repitan.
Sin embargo, el panorama inmediato no es alentador. En tan solo cuatro días comienza una nueva convocatoria de huelga, y la empresa ha adoptado la misma actitud displicente, lo que hace temer que reincida en las mismas prácticas ilegales.
Mientras tanto, los trabajadores del SDP continúan librando una batalla desigual.
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